En un escrito entregado en la Oficina del Defensor, estos colectivos señalan que la LOU vulnera un derecho constitucinal como es la autonomía universitaria (art. 27) e invade las competencias de los gobiernos regionales.

También sostienen que la LOU atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 26.1 establece que "el acceso a los estudios superiores será igual para todos".

Los firmantes dicen que su actitud contra la reforma les ha costado los insultos de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, y la actitud "intransigente" del presidente del Gobierno, José María Aznar,"quien ha ironizado sobre el legítimo derecho de los manifestantes a expresar públicamente sus posiciones".