Así lo anunció hoy la ministra Pilar del Castillo en la Comisión de Educación del Congreso, donde compareció para explicar la reforma universitaria impulada por su departamento.

El peso que cobrarán los centros privados en el seno del Consejo de Universidades ha sido uno de los aspectos más criticados de la ley por la oposición y la comunidad universitaria. Estos sectores habían interpretado de la ley que las universidades privadas pasarían a tener voz y voto en todas las decisiones que atañen a las públicas.

Hoy, la ministra dijo que, ante las quejas recibidas, "se explicitará con detalle" en el borrador algo que ella creía que quedaba claro en l espíritu de la redacción primera: que las privadas podrán pronunciarse en el Consejo de Universidades en todos los asuntos "salvo en los asuntos exclusivos del sistema universitario público".

Del Castillo subrayó que, aunque ahora se alzarán voces sobre la corrección del texto inicial, el Gobierno no tiene ningún empacho en reconocer que rectifica ahora y lo hará cuantas veces hagan falta durante el debate social y posterior tramitación parlamentaria del proyecto.

EN VERANO

La titular de Educción empleó la mayor parte del tiempo de su intervención parlamentaria de hoy en responder a las principales críticas que ha cosechado el anteproyecto desde que lo presentó al Consejo de Universidades a mediados de abril.

Sobre la forma en que se quiere aprobar, negó que el Ejecutivo rehuya el debate social y aseguró que todos los sectores van a poder hacer aportaciones al texto con tiempo suficiente.

Para replicar a los reproches que ha hecho el PSOE sobre las "prisas" en el calendario, se remonó a la aprobación de la LRU en 1983 y recordó que la mayoría socialista sacó adelante esta reforma en el Congreso y el Senado por el trámite de urgencia y en sesiones en los meses de julio y agosto.

Respecto a los órganos de gobierno que establece el anteproyecto, rechazó que se reduzca "drásticamente" la participación de algunos colectivos como los estudiantes, tal y como han denunciado éstos y los rectores.

Negó que la autonomía de las universitarias vaya a verse mermada con la presencia de miebros del consejo social en el consejo de gobierno, como se quejan los rectores y la oposición. A su juicio, esto servirá para que la sociedad supervise los presupuestos desde el comienzo de su elaboración, pero no supondrá ningún daño en la independencia de la universidad.

Por lo que se refiere a la financiación, reafirmó la tesis del Gobierno de que la Ley de Universidades no es el marco para aprobar una financiación "extra" para la enseñanza superior, ya que esto debe enmarcarse en el ámbito de la ngoción global del sistema autonómico.

MAS TIEMPO

Tras la intervención de la ministra, sólo el portavoz del PP, Juan Carlos Guerra Zunzunegui, manifestó un respaldo claro al anteproyecto. Todos los grupos de la oposición plantearon objeciones al texto.

Por el PSOE, Carme Chacón dijo que el borrador "rezuma desconfianza hacia la universidad pública", supone un retroceso en la autonomía universitaria y beneficia a las privadas.

Sobre la forma, dijo que será una ley "autista", porque se aprobaá en silencio, sin el debido debate y con el rechazo "unánime" de partidos de la oposición, agentes sociales y comunidad universitaria. En este panorama, aseguró que la ministra no sólo hace oídos sordos a las críticas, sino que echa "regañinas" a los que critican.

En representación de Izquierda Unida, Marisa Castro culpó a Pilar del Castillo de "despreciar" las opiniones contrarias a un anteproyecto de "contrarreforma" que "privatiza" la universidad española.

El portavoz de CiU, Jordi Martí, repochó al Gobierno las "prisas excesivas" que tiene por aprobar la reforma. En cuanto al contenido, expresó sus dudas sobre el peso que se concede a las privadas y sobre el sistema de elección del rector por sufragio universal ponderado.

También avisó de que la nueva Agencia Nacional de Acreditación de las Universidades "puede invadir las competencias de las comunidades autónomas", y advirtió de los riesgos de aplicación de la prueba de habilitación estatal del profesorado.

Por Coalición Canaria, Mría del Mar Julios mantuvo que esta prueba de habilitación introduce "rigideces" en el sistema de selección de los docentes. Este grupo también pide tiempo al Ejecutivo para lograr el máximo consenso en torno a la ley.

El diputado del Bloque Nacionalista Galego Francisco Rodríguez comentó que el anteproyecto es "recentralizador", beneficia a las privadas y no acaba con la endogamia del profesorado.

Para el popular Juan Carlos Guerra Zunzunegui, el borrador está siendo y será debatido bastante, encontraste "con la urgencia y nocturnidad" que aplicó el Gobierno socialista con la aprobación de la LRU.