El objetivo de ese escrito, según señaló en rueda de prensa el presidente de la CRUE, Saturnino de la Plaza, es remitirlo a todos los grupos parlamentarios y a la comunidad educativa para trasladarles elrechazo de las universidades a un anteproyecto que "no es bueno que salga adelante".

En un receso de la reunión que hoy celebró la asamblea de la CRUE, Saturnino de la Plaza compareció ante la prensa para anunciar el acuerdo alcanzado por los rectores para mantener en funcionamiento la ponencia que constituyó la CRUE sobre el anteproyecto de ley. El objetivo, explicó, es hacer un documento amplio respecto a la posición de las universidades y llevárselo a los grupos parlamentarios para que puedan ser rcogidas las opiniones de la CRUE vía enmiendas al proyecto de ley.

Este documento será debatido en la asamblea general de la CRUE en la primera quincena de septiembre, con el objeto de que dicho escrito pueda ser utilizado como argumento en las aperturas del próximo curso académico.

En la asamblea se pusieron de manifiesto las "serias dudas" que tienen los rectores respecto a que la modificación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) tenga que llevar necesariamente un periodo constituyente de ls universidades.

"La modificación de esa ley no precisa necesariamente un periodo constituyente, que supone una duda de la legitimidad democrática que tienen los órganos de gobierno de las universidades en estos momentos", señaló el presidente de la CRUE.

"Si hay una modificación de la legislación", recalcó, "lo que hay que hacer es una adecuación de los estatutos actuales, pero en modo alguno vemos que sea necesario o imprescindible que las universidades entren en un periodo constituyente". "Est modificación de la ley en estos momentos no es necesaria jurídicamente ni tampoco es oportuna".

En la misma línea se manifestó el vicepresidente de la CRUE y rector de la Universidad de Salamanca, Ignacio Berdugo, quien reiteró que iniciar un periodo constituyente es una "absoluta disfuncionalidad" y presupone una desconfianza en al actual órgano de Gobierno.

"A los rectores de las universidades españolas lo que nos importa fundamentalemente es el funcionamiento de nuestra universidad, que prest un mejor servicio público, y pareciera que, por el contrario, al Ministerio lo que le es prioritario es cambiar la Ley de Reforma Universitaria por una ley y lo más deprisa posible".

Asimismo, los rectores recalcaron que la cuestión de dejar el cargo y convocar elecciones es "un problema" para las universidades, pero no es "el problema" de este anteproyecto. "No es bueno que salga adelante", remachó Berdugo.

Por último, advirtieron la importancia de que la reforma de la LRU se produzca a través e un amplio acuerdo, no sólo de la comunidad educativa sino, sobre todo, con las fuerzas políticas.

"Un cambio de legislación debe tener la mayor estabilidad posible", subrayó De la Plaza, "y las políticas educativas deben ser siempre a medio y largo plazo". "Lamentaremos que se produzca esta reforma sólo con el apoyo del partido mayoritario en el Gobierno, porque sería perder una oportunidad para llegar a una reforma lo más ampliamente consensuada".