Chiquillo, que hizo esta petición a Alvarez de Miranda durante su comparecencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Defensor del Pueblo, afirmó que esta institución debe realizar las recomendaciones oportunas al Gobierno "para que la integración laboral de los discapacitados sea efectiva".

En este sentido, explicó que el empleo es fundamental para la plena integración social de las personas discapacitadas y añadió que la signatura pendiente de las administraciones públicas es dar empleo a este colectivo.

Chiquillo pidió al Defensor que vigile que las administraciones públicas y empresas públicas y privadas cumplen con el cupo de empleo reservado a personas discapacitadas, recogido en la Ley de Integración Social de los Minusválidos, que es del 3% en la Administración y del 2% en la empresa privada para plantillas superiores a 50 trabajadores.

Por su parte, Alvarez de Miranda expresó su sensibilidad por todos los roblemas que afectan a las personas discapacitadas y recordó que en diferentes informes ha reclamado la posibilidad de que a los minusválidos se les dé una integración adecuada en todos los ámbitos, tanto sociales como laborales.