La sentencia condena al alcalde de la citada localidad jienense, Alfonso Martínez de la Hoz, y a diez concejales a penas de un año de prisión, inhabilitación para cargo público y destierro de seis meses, por maifestación ilegal y un delito contra la libertad de residencia. Otros vecinos del pueblo han sido condenados a distintas penas.

Según Unión Romaní, el alcalde incitó a los vecinos para que actuaran violentamente y "calentó" los ánimos de la población tras la muerte de un payo a manos de un vecino gitano, por lo que, a su juicio, el tribunal debía haberle castigado con mayor contundencia.

De todas formas, la Unión Romaní considera que "la justicia ha sabido estar a la altura de la responsabilidad istórica que de ella se esperaba", al condenar a personas que actuaron "con violencia y con odio contra unos ciudadanos gitanos cuya única culpabilidad era precisamente la de ser gitanos".

La federación de asociaciones gitanas entiende además que "la Justicia ha dado una gran lección a buena parte de la clase política española, y especialmente al partido al que pertenece el alcalde de Mancha Real (el PSOE)".

Tras conocer la sentencia, la Unió Romaní hizo un llamamiento a todos los ciudadanos, pays o gitanos, para que vivan en paz, no ahonden diferencias y eviten provocaciones, aunque advierte que "con esta sentencia no se han terminado los problemas de convivencia entre los gitanos españoles".