Asimismo, ambas asociaciones solicitan en un comunicado conjunto que se regule "específicamente la objeción de conciencia de los profesionales de la medicina en el ámbito de la salud pública, con el fin de evitar que con invocaciones genéricas en tal sentido se prive a las mujeres de su derecho de acceso a la sanidad pública".

Estiman "inadmisible" que los actuales procedimientos judiciales por aborto sirvan "de excusa a ciertos sectores sociales para poner en cuestión y desarmar el derecho a decidir de las mujeres en los supuestos legales".

Manifiestan UPF y JPD su "honda preocupación por la repercusión social que está teniendo la existencia de sendas causas penales por supuestos abortos ilegales en Madrid y Barcelona, así como por determinadas actuaciones administrativas, de motivación poco transparente, dirigidas contra clínicas donde se practican abortos acogiéndose a las indicaciones legales".

Consideran que las causas penales en curso, por sus propias características, deben ser "extremadamente respetuosas con el derecho a la intimidad de las mujeres que han acudido a dichos centros y cuyas historias clínicas obran en los mismos, manteniendo en la más absoluta reserva los datos acopiados hasta su definitiva depuración y selección de supuestos ilegales".

Asimismo, afirman que todas estas consideraciones no deben llevar a considerar la legislación vigente inoperante o inaplicable.

"Lo cierto es que los abortos practicados fuera de toda interpretación socialmente adecuada de los supuestos actualmente legales resultan perseguibles penalmente", sostienen ambas organizaciones.

"No podemos ignorar la existencia de casos donde, por intereses meramente económicos, ciertos profesionales de la medicina eluden sus obligaciones y construyen expedientes puramente ficticios sin sometimiento a exigencia alguna", añaden.

"Son estos casos los que merecen el reproche penal, mayor para los profesionales y legalmente menor para las mujeres afectadas, en quienes además habrá que estudiar la existencia de cuantas circunstancias modificativas de su responsabilidad puedan razonablemente concurrir", concluye el comunicado conjunto.