A través de un comunicado, la UPF afirma que es "urgente" afrontar el problema, pero advierte de que la solución "no es sencilla", ya que "no basta con reiterar tradicionales demandas de medios a la Administración".

"Aunque tales medios siguen siendo realmente necesarios, bien parece que el problema sea más complejo, por lo que requerirá una inaplazable y profunda reflexión por parte de todos", señala el comunicado.

Como primera medida, la UPF considera necesaria una "autocrítica", así como "un cambio de mentalidad" en todos los agentes que intervienen en el proceso penal.

Esta reflexión debe desembocar en un sistema que tenga "jueces y fiscales más activos" y que ejerzan "un mayor control en la fase de ejecución"; además, son necesarios "secretarios judiciales que organicen de forma más efectiva a los funcionarios que tramitan las ejecutorias y ejerzan un mayor control sobre el estado de las causas".

FUNCIONARIOS MÁS MOTIVADOS

También son fundamentales "funcionarios más motivados y con formación especializada", algo que, a su entender, se puede conseguir "incentivando la permanencia en los destinos".

Por otra parte, la UPF cree necesario articular "reformas procesales y orgánicas" para crear más órganos especializados en ejecutorias y otorgar "mayores competencias a los secretarios judiciales y simplificar trámites".

La asociación también sugiere la posibilidad de articular informáticamente "el acceso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a determinados datos de las ejecutorias en casos de delitos graves".

En este sentido, considera que el esfuerzo corresponde al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias transferidas, "sin que quepa ampararse en reproches mutuos".

Asimismo, estima que no se puede "orillar la crítica de los organismos que tienen atribuidas las funciones inspectoras sobre los órganos judiciales", como es el Consejo General del Poder Judicial, "que no ha sabido detectar los mayores puntos negros en esta materia".

Por último, la UPF quiere mostrar su "más absoluto rechazo a todos aquellos que aprovechan trágicos sucesos para intentar imponer, al calor del dolor que tales hechos provocan, propuestas que van frontalmente en contra de la Constitución, como la pena de muerte o la cadena perpetua, que sin duda responden a una ideología que añora épocas de nuestra historia felizmente superadas".