Esta organización de estudiantes acusa a los responsables del Consejo Escolar del Estado de amparar el fraude documental al admitir certificados no oficiales, de actuar de forma ilegal contra los criterios del abogado del Estado y de mantener una actitud injusta y desleal, cambiando los criterios de documentación exigible una vez finalizado el plazo de entrega que se dio a las organizaciones de estudiantes.

La UDE afirma que el cambio fuera de plazo de los criterios para la renovación fijados por el abogado del Estado ha supuesto un vuelco en la representatividad de los alumnos, pasando esta organización de contar con la mayoría de consejeros a tener una presencia residual, con un solo consejero.