La UCE recuerda que el mencionado texto es anterior en cuatro años a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

La perspectiva generalista con la que se plantea la regulación actual del contrato de seguro no da cabida a la especial protección que requiere el usuario final como parte más débil de la relación contractual.

Tanto el texto constitucional como la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios prevén una protección diferenciada de la que prevé la regulación ordinaria para las relaciones mercantiles o civiles.

Por ejemplo, no resulta muy lógico que se regule en los mismos términos contractuales el seguro de un vehículo particular suscrito por un conductor-usuario final del mismo que el que podría contratar una gran empresa para su flota de vehículos de transporte. La actual legislación hace imposible diferenciar al usuario final y dotarlo de una protección específica, reforzada y más eficaz.

Por otra parte, las nuevas modalidades de aseguramiento y las nuevas fórmulas de contratación, especialmente la electrónica, han generado una casuística de detalles relevantes para la relación contractual que merecen ser tratadas de forma expresa en la regulación legal específica del contrato de seguro, "lo que constituye un aliciente más para la revisión, renovación y actualización de la Ley del Contrato de Seguro", apunta la UCE.