Según afirmó en rueda de prensa el portavoz de la UCE, Dacio Alonso, tras comparar los contratos de comercializadoras de luz y gas de Endesa e Iberdrola, éstos no recogen el deber del vendedor de informar al consumidor de cuánto paga por cuota de conexión (tarifa de acceso), pese a imponerlo la ley.

Tampoco cumplen las comercializadoras con la obligación de informar a los usuarios de su responsabilidad solidaria en caso de falta de pago de la tarifa de acceso.

Alonso destacó que si la comercializadora no paga a la compañía distribuidora el acceso, se podría repetir en España lo sucedido en Estados Unidos con Enron, y los consumidores se verían obligados a responder por la comercializadora y a pagar dos veces la cuota de conexión.

Las comercializadoras, que en su mayoría son filiales de las grandes compañías distribuidoras, tampoco facilitan a los usuarios del mercado liberalizado un recibo del pago de la tarifa de acceso.

Por todo ello, "el Gobierno tiene que apostar decididamente por el consumidor; como no tome la iniciativa, va a dejar en total indefensión a los consumidores", advirtió la UCE.

NO CONTRATAR

La asociación recomienda a los consumidores que no contraten en el mercado liberalizado de electricidad (el de gas no tiene responsabilidad solidaria) mientras que no haya una normativa mejor. El Gobierno está preparando un real decreto sobre medidas de productividad en el sector eléctrico, donde podrían recogerse las demandas de los consumidores.

En cuanto a los usuarios que ya están en el mercado liberalizado de electricidad, la UCE pone a su disposición un modelo para reclamar a la comercializadora factura del pago de la tarifa de acceso.

Por otro lado, Alonso alertó de que se están dando casos de captación "delicitiva" de clientes en el mercado libre de electricidad, mediante engaño o falsificación de contratos, semejantes a los ya conocidos en la telefonía fija.

Asimismo, la UCE calificó de "chantaje" la presión de las eléctricas al Gobierno para que suba las tarifas, argumentando que no pueden financiar las inversiones necesarias para garantizar un suministro de calidad, ya que los consumidores han pagado 1,5 billones de las antiguas pesetas para eso, en concepto de costes de transición a la competencia (CTC), y las compañías los han invertido "en otros mercados".

Alonso criticó también la "manipulación de precios" en el mercado de generación de electricidad ("pool"), que está controlado por cuatro compañías, de manera que fijan los precios que les conviene para poder cobrar los CTC.