En el escrito se asegura que esa utilización del censo supone "la indebida difusión por la administración electoral y por las personas que la integran de la citada documentación, con vulneración flagrante de los derechos constitucionales a la intimidad y al secreto y libertad de voto".

UDC culpa de esta filtración de datos a los interventores del PSOE, que el día de los comicios actuaban como "funcionarios", y en último caso a la Administración electoral, "por infringir l deber de custodia de la documentación electoral, permitiendo la difusión de datos personales y por ello la violación de derechos fundamentales".

El presidente de este partido, Josep Antoni Durán i Lleida, denunció hoy en el Congreso de los Diputados que no tiene afán de "criminalizar" la conducta del PSOE, sino la cuestión de fondo: "el amparo de unos derechos (voto secreto e intimidad) que a nuestro entender se vulneran".