Así consta en el texto presentado para ser calificado por la Mesa del Congreso, en el que Unidas Podemos reclama “la defensa de las lenguas del Estado” y argumenta que “la realidad” es que España es “un Estado plurilingüe y pluricultural”, de modo que las instituciones deben asumir la responsabilidad de “reconocer, proteger, difundir y celebrar esta diversidad” para “trabajar por un Estado mejor, donde toda la ciudadanía pueda sentirse representada y ver sus derechos lingüísticos respetados en pie de igualdad”.

En la misma línea, subrayan los autores de la propuesta, “se trata de un principio fundamental en nuestro propio ordenamiento jurídico”, ya que “no en vano, el propio preámbulo de la Constitución incluye como uno de sus seis objetivos proclamados ‘proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones’".

Sin embargo, lamentan desde Unidas Podemos, “el papel que juega el Gobierno en relación con el plurilingüismo sigue siendo insuficiente”, debido a que, añaden, “se dan unas circunstancias que favorecen que muchos ciudadanos y ciudadanas crezcan de espaldas a esta realidad diversa de las lenguas de España”.

Entre esas circunstancias no favorables, señalan “los currículos escolares, las campañas de comunicación institucional, la propia Administración General del Estado y la programación del ente público de radio y televisión”. Además, denuncian desde Unidas Podemos, “cabe no olvidar las numerosas situaciones de discriminación lingüística acreditadas a lo largo del presente periodo democrático y hasta nuestros días”.

Por todo ello, reclaman en primer lugar “defender las lenguas propias del Estado, velar por el cumplimiento de las leyes que las rigen y promover el conocimiento de la realidad plurilingüística”.

A ello suman los autores de la propuesta de resolución la necesidad de “favorecer los procesos de reconocimiento de la oficialidad del asturiano y gallego asturiano, así como acompañar el proceso de reconocimiento del aragonés”.

Igualmente consideran necesario “blindar los derechos del profesorado para evitar la discriminación en los derechos laborales y el acceso a la función pública” y, por último, recalcan la importancia de promover el uso, la difusión y el conocimiento de las lenguas del Estado “en todo el territorio del mismo a través de la radio televisión pública”.