La pnl, registrada el 28 de enero con la promesa de que sería la primera que Unidas Podemos llevaría al Pleno en cuanto tuviera cupo para ello, consta de 10 puntos, y, de ser aprobada, instaría al Gobierno a ponerla en práctica. Por eso, la posición de voto que decida adoptar el PSOE será políticamente significativa, aunque ni en el caso de salir adelante fuera a tener efectos legales inmediatos.

Sobre el IRPF, aboga por "acercar la tarifa de la base imponible del ahorro a la tarifa de la base imponible general", y por introducir nuevos tramos con mayores tipos para las rentas de más de 120.000 euros. También propone sustituir el impuesto sobre el Patrimonio por uno a las grandes fortunas no bonificable por las comunidades autónomas, con un mínimo exento de un millón de euros y con cuatro tramos: un 2% para los patrimonios de más de un millón de euros, un 2,5% a partir de 10 millones, un 3% a partir de 50 y un 3,5% a partir de 100.

En cuanto al Impuesto de Sociedades, propone un mínimo efectivo del 15% sobe el beneficio neto de las empresas, no sobre la base imponible como aprobó el Gobierno, "de forma que los grandes grupos empresariales dejen de utilizar los mecanismos de elusión actualmente a su alcance para reducir la tributación". Además, sugiere establecer en él un incremento de 10 puntos porcentuales en el tipo de las empresas eléctricas cuyo volumen de facturación sea superior a 10.000 millones, durante un periodo de cinco años prorrogable a otros tantos.

"QUIEN CONTAMINA PAGA"

En sentido contrario, la pnl del grupo confederal defiende aplicar el IVA superreducido a los productos de higiene femenina, a las peluquerías y a los productos veterinarios. Y, en cuanto a la fiscalidad ambiental, recomienda aplicar "el principio de 'quien contamina paga', haciendo un mayor hincapié en la producción y no en el consumo, para evitar que afecte al bolsillo de la gente trabajadora".

Finalmente, Unidas Podemos quiere realizar con carácter anual un informe de ejecución de los beneficios fiscales como el que se hace del gasto público, reorganizarlos para asegurar su carácter progresivo y "avanzar en los compromisos internacionales para luchar contra los paraísos fiscales y para compensar el deterioro de las bases imponibles asociado al proceso de globalización".

Estas pretensiones del espacio confederal, muchas de las cuales ya estaban en su programa electoral, las devolvió a la agenda política el lunes un acto de partido en el Museo Reina Sofía. Cuando se le preguntó al respecto el martes tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se desmarcó de la propuesta, y un día después la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tachó la iniciativa de "inoportuna" por adelantarse al informe del comité de expertos que presentará sus recomendaciones fiscales a fin de mes.

BELARRA Y YOLANDA DÍAZ

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, replicó pronto a Montero que lo "inoportuno" era que los trabajadores y las pymes paguen en proporción el doble que las grandes empresas, y reivindicó el derecho de Podemos a divulgar su propuesta. "Quiero recordar que somos un Gobierno de coalición y por tanto los dos socios tienen que participar de los debates centrales", puntualizó, asegurando que lo que hace la propuesta es "concretar el acuerdo de gobierno, que recoge la reforma fiscal, de una manera que sea verdaderamente ambiciosa".

El acuerdo de gobierno recoge, en efecto, un aumento de dos puntos en el IRPF para rentas de más de 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros, más otro de cuatro puntos para rentas de capital superiores a 140.000 euros. Pero sólo avanza que "se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo". También se proponía reducir el IVA a los productos veterinarios y de higiene femenina, aparte de cambios ya aprobados como el 15% mínimo de Sociedades (sobre la base imponible) y el mayor control de las sicav. El jueves, la propia Belarra describió estos cambios como "meros retoques".

La discrepancia explícita entre Montero y Belarra tenía que derivar en consultas de los periodistas al oráculo de la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder en el mismo del sector de Unidas Podemos, Yolanda Díaz. El mismo miércoles, en la rueda de prensa en la que anunció el acuerdo con los sindicatos para subir el SMI, ella adoptó una posición salomónica y dio la razón a las dos, distinguiendo dos ámbitos distintos. Así, defendió en primera persona del plural la propuesta de Unidas Podemos, pero la acotó al "seno partidario", aclarando que, en materia fiscal, "la posición del Gobierno de España la fija el Ministerio de Hacienda".

El jueves, en su día en la campaña electoral de Castilla y León, Díaz siguió optando por rebajar la tensión; rechazó terminantemente que las discrepancias fiscales hubieran abierto "una grieta" en el Gobierno, al que presentó como ejemplo de estabilidad frente a las coaliciones del PP, y se negó a responder cuando se le preguntó directamente si, como había dicho Montero, le parecía "inoportuna" la iniciativa del espacio confederal por haberse anticipado al informe del comité de expertos.

Fuentes cercanas a la dirección de Podemos consultadas por Servimedia aseguraron que en esta reacción de la vicepresidenta ante la polémica les parece "todo bien", pero el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, dio un giro el jueves por la mañana a la asunción de que deba ser Hacienda quien fije la posición del Gobierno en materia fiscal. En una alocución muy medida y por tanto pensada de antemano, lo puso en comparación con la reforma laboral.

ECHENIQUE Y MONEDERO

“Quien fija la posición en materia de empleo es la ministra de Trabajo, pero eso no quiere decir que las cosas no se pacten”, puntualizó. “Tenemos un Gobierno de coalición y las cosas importante se pactan. De la misma manera que la reforma laboral se pactó con el PSOE aunque la ministra de Trabajo, evidentemente, es quien habla en materia de empleo por parte del Gobierno, la reforma fiscal hay que pactarla con los socios de coalición, aunque evidentemente la ministra de Hacienda es quien habla en materia de Hacienda por parte del Gobierno".

Echenique terminó dejando claro que con esto no estaba cuestionando las palabras de la vicepresidenta mediante la técnica de referirse a ella. "Son dos cosas compatibles, como muy bien ha comentado Yolanda Díaz”, remató. Pero, obviamente, no se conformaba con que Hacienda tenga el monopolio de la política y ni siquiera la voz del Gobierno en materia fiscal.

Sin querer tampoco poner en aprietos a Díaz y admitiendo los límites de su cargo institucional, pero reclamándole un poco más de implicación proactiva que la simple defensa de la propuesta de Unidas Podemos, se manifestó en declaraciones a Servimedia el director del Instituto República y Democracia, 'think-tank' de Podemos, Juan Carlos Monedero. "Aunque su posición institucional la lleve a tener que ponderar unas veces más las ideas y otras lo institucional, en cualquier caso, la firmeza con la que Yolanda defiende los ámbitos laborales cuando el PSOE los quiere rebajar, deberá ir asumiéndola poco a poco pero sin demora en otros ámbitos que le quedan más lejos pero que conforman el acuerdo de gobierno", reclamó.

Al acuerdo de gobierno volvió a referirse la propia Belarra en su intervención en el cierre de la campaña electoral en Castilla y León, donde llegó a acusar a los socialistas de andar "escondiéndose detrás de un informe de expertos para no cumplir el acuerdo de gobierno y hacer una reforma fiscal ambiciosa". El resquemor de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 con el comité de expertos es doble, por cuanto que, según aseguraron a esta agencia fuentes ministeriales, se les ha pedido que pospongan llevar al Consejo de Ministros su anteproyecto de Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias a que el citado comité exponga su informe en materia fiscal.

Es una petición que no entienden, puesto que las prestaciones que contempla la norma, una universal por crianza, permisos de paternidad y maternidad de seis meses y el nuevo permiso laboral de entre siete y nueve días al año para cuidar a familiares que anunciaron Belarra y la ministra de Igualdad, Irene Montero, el pasado jueves 3, no son propiamente de índole fiscal, aunque sí afectarían obviamente a los Presupuestos Generales del Estado que ya están en vigor.

Todos estos argumentos volverán probablemente a repetirse en el debate del martes en el Congreso. Fuentes de Podemos consultadas por Servimedia se declaraban conscientes de la incomodidad que podía causar en el PSOE haberse adelantado con su propuesta al informe del comité de expertos formado por Hacienda; sin embargo, se congratulaban de esta anticipación por lo que significa respecto a marcar agenda y escenificar la importancia que tiene la reforma fiscal para el partido en esta segunda mitad de la legislatura, una vez quede atrás la hipoteca del coronavirus, lleguen los fondos europeos y quede obsoleta la coartada de que los impuestos no deben impedir la recuperación.

Por el contrario, aunque en el fondo coincidiendo en lo mismo, fuentes del Ministerio que lidera María Jesús Montero atribuyen la iniciativa de Unidas Podemos a un intento de "sacar la cabeza" y "marcar diferencias" y hasta consideran "una falta de respeto" que el socio de gobierno se haya querido adelantar apenas dos o tres semanas a un comité de expertos que en principio ambas partes aceptaron que sería el órgano a partir de cuyo informe se abordaría una reforma fiscal que el PSOE también pretende llevar a cabo.