La UCLAF, creada al principio como un simple servico de la Comisión, constituye desde mayo un grupo especial sometido a la autoridad directa del secretario general. Cuenta con unos 120 funcionarios y sus poderes de intervención acaban de ser reforzados.

La UCLAF se convierte así en el único interlocutor europeo de las autoridades policiales y judiciales nacionales. Su trabajo consiste en entrar en contacto con los Estados miembros de la Unión Europea (UE) afectados cuando tiene sospecha de un fraude europeo, y además, efectúa investigaciones y comprobciones sobre el terreno.

Cuando los otros órganos de la UE -el Consejo de Ministros o el Parlamento Europeo, por ejemplo- necesitan asistencia en la lucha contra el fraude, la UCLAF les ayuda.

Por último, los "intocables" europeos se ocupan asimismo de los casos de fraude en el seno de la Comisión Europea. La confidencialidad es norma en la acción de la UCLAF, aunque informan la Parlamento Europeo.