El informe, que analiza los datos en 20 países (13 desarrollados, entre ellos España, y 7 en desarrollo) entre 2006 y 2020, revela que, a pesar de los esfuerzos a largo plazo de la comunidad internacional por mejorar los indicadores relacionados con la mortalidad infantil, se empiezan a detectar evidencias de que la pandemia de covid-19 ha impactado de manera directa en los sistemas sanitarios de todo el mundo, poniendo en riesgo las mejoras que se habían producido durante las últimas décadas.

El estudio señala que, si bien los países también han prestado atención a otras problemáticas, esto no se ha visto reflejado en un incremento de recursos, como los destinados a cuestiones como la salud mental de la infancia o la seguridad alimentaria. A ello se suma una crisis alimentaria mundial sin precedentes que ya ha provocado, en los 15 países más afectados, el aumento del número de niños y niñas con desnutrición aguda grave hasta casi los 8 millones. En este sentido, Unicef España instó al Gobierno en junio a incrementar la ayuda humanitaria al 10% del total de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2022 y 2023.

“Es prioritario que la cooperación española preste más atención a la salud de la infancia, hoy más vulnerable en el entorno pospandemia, marcado por la crisis climática, los conflictos y la crisis económica”, explicó el director ejecutivo de Unicef España, José María Vera.

Según el informe, en España es complicado valorar los resultados de las intervenciones de cooperación en salud infantil, así como en materia de derechos de la infancia en general, ya que no hay una clasificación adecuada que permita hacerlo de manera sistemática. A ello se suma la necesidad de garantizar las evaluaciones que necesitan las estrategias de cooperación: el estudio recuerda que la Estrategia de Infancia de la Cooperación Española, publicada en 2015, aún no ha sido objeto de evaluación.

Por estos motivos, desde Unicef instan a que la cooperación española invierta más en este sector de la población, con peticiones concretas, como priorizar políticas de desarrollo a nivel sectorial, incrementar el porcentaje de inversión a la salud infantil y medir el impacto de la mortalidad de estas madres e hijos para prevenir y frenar las defunciones.