Lo hizo en un comunicado emitido con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza en el que recogió unas declaraciones de su director ejecutivo, José María Vera, quien afirmó que “si bien nuestro país se encuentra en una coyuntura macroeconómica favorable, las cifras de pobreza infantil indican que se está dejando atrás a los niños y niñas”.

En ese sentido, apuntó que “el riesgo de pobreza de la población menor de 18 años ha aumentado del 28% al 29% respecto al año anterior, mientras que para el resto de la población se mantiene estable o disminuye”.

Del mismo modo, alertó de que este indicador “sigue aumentando la privación material infantil, del 10% al 12%”, lo que “hace urgente y necesario invertir más en protección social de la infancia y las familias”.

Unicef deploró que España sea “el país que tiene menos capacidad para reducir la pobreza infantil mediante transferencias de toda la Unión Europea”: el 17% frente a la media del 41% de la UE, un guarismo que se sitúa por encima del 50% en Alemania, Finlandia, Irlanda o Polonia.

A ello se añade que España sólo destina un 1,5% del PIB en protección social de la infancia y las familias frente al 2,4% del PIB de la media europea (354 euros de gasto por habitante en el caso español y 678 euros en la UE).

Ante esta situación, la organización reclamó una prestación universal para la crianza en forma de deducción fiscal reembolsable en los Presupuestos Generales del Estado del año que viene y un pacto de Estado por la infancia con medidas y dotación financiera que la hagan posible.

A juicio de José María Vera, “las prestaciones por hijo a cargo son eficaces no sólo para reducir la pobreza, sino para mejorar los resultados educativos y la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes”.

Utilizó los cálculos de Unicef para observar que “la implementación de una deducción fiscal reembolsable de al menos 1.440 euros anuales por niño reduciría la pobreza infantil en 5,4 puntos porcentuales”.

Por último, la organización puso de manifiesto que los PGE representan “una excelente oportunidad para mejorar la inversión en infancia, en general, y la protección social de la infancia, en particular, para reducir la pobreza infantil y generar mayores beneficios sociales y económicos para toda la sociedad”.