Unespa se ha caracterizado en los últimostiempos, con su presidente, Alvaro Muñoz a la cabeza, por una tenaz oposición a los fondos de pensiones garantizados, desde que los lanzaran en noviembre el Banco Bilbao Vizacaya y Banco Santander, principalmente.

Muñoz ha destacado en todo momento que se trata de un "agravio comparativo" para las aseguradoras, puesto que es un producto asimilable a los de seguros, del que se van a beneficiar especialmente las redes bancarias.

Los fondos de pensiones garantizados siguen un modelo similar al de lo fondos de inversión garantizados, al asegurar al inversor un rentabilidad mínima durante un período determinado de tiempo.

La polémica sobre la legalidad de esta fórmula fue aparentemenete zanjada por el Ministerio de Economía y Hacienda el pasado día 7 de diciembre mediante la emisión de una nota pública en la que autorizaba la existencia de estos fondos, con el simple requisito de incluir suficiente información en su publicidad, y especificando que la garantía la aporta la entidad bancaria que ofree el producto y no el propio fondo de pensiones.

UNA SIMPLE "NOTA"

Ahora Unespa quiere saber si la decisión de Economía, comunicada mediante una simple "nota" es firme o "se trata de una opinión personal del Sr. Conthe". En caso de que dicha "nota" se considere un acto administrativo, la patronal de seguros aspira a que se haga posible el recurso contra ella.

En su comunicado, Unespa afirma que dicha "nota" "y las posteriores declaraciones verbales del Sr. Conthe, lesionan los intereses legítims de las entidades aseguradoras y perjudican gravemente las garantías establecidas a favor de los inversores privados".

La patronal aseguradora está convencida de que la decisión es "claramente" contraria al ordenamiento jurídico y basa su decisión de recurrirla en la sentencia 294/1994 del Tribunal Constitucional que se muestra contraria a que "puedan existir comportamientos de la Administración Pública -activos u omisivos- inmunes al control judicial".