La voluntad expresada por todos los grupos parlamentarios es la de impedir la "humillación" de las víctimas y evitar que calles y plazas del País Vasco o Navarra puedan llevar el nombre de reconocidos terroristas de ETA.

Pese a reconocer la existencia de distintas estrategias para enfrentar el terrorismo, todos los portavoces prefieron incidir sobre las cosas que les unen y relegar aquellas que les diferencian.

El más duro enfrentamiento se produjo entre el portavoz del PP, Alfonso Alonso, y el del PNV, Emilio Olabarría. Alonso hizo una defensa cerrada de su visión de la lucha antiterrorista y llegó incluso a mencionar el caso de calles que llevan el nombre de algún etarra en localidades gobernadas por el PNV, al tiempo que abogaba por la unanimidad en la votación de la iniciativa.

Por su parte, Olabarría le reprochó que aprovechara el debate parlamentario para hacer "el primer mitin electoral de la campaña". Aseguró que, no obstante, "vamos a conseguir la unanimidad", aunque se mostró "decepcionado" por el intento de Alonso de "patrimonializar el dolor de la víctima insinuando que otros partidos políticos carecemos de esa sensibilidad", lo que "devalúa el consenso".

La modificación legislativa que hoy se tomó en consideración afirma que "la violencia ejercida por los terroristas requiere la condena política y ética de toda la sociedad y en ningún caso sus autores pueden ser ensalzados como héroes, ni sus acciones terroristas pueden hacerles receptores de honores ni homenajes por parte de entidad pública alguna".

Una sociedad democrática, continúa, necesita que desde la política se realicen "gestos" que eviten que se "dignifique socialmente el terror y trasladen un mensaje claro y diáfano sobre las terribles consecuencias que provocan las acciones terroristas de quienes no creen en la convivencia y no respetan ni la vida ni la libertad".

Actualmente, esta convicción democrática no se está cumpliendo y algunos miembros de ETA dan nombre a calles y avenidas en diferentes municipios del País Vasco.

Desde la perspectiva de las víctimas del terrorismo, justica el argumentario de la norma, "esta situación es todavía más insoportable por cuanto incide y, de alguna manera, perpetúa las consecuencias de la agresión terrorista que han sufrido en primera persona o en la de sus familiares".

En las víctimas concurre pues, junto al sentimiento objetivo de la inmensa mayoría de la sociedad española que repugna el terrorismo y sus actos, "el dolor subjetivo de quien se ve afectado de manera directa por los mismos".

Por ello, el Estado de Derecho y la sociedad civil en su conjunto, han de dar respuesta a la incomprensión y al dolor que sufren las víctimas del terrorismo y sus familiares así como arbitrar fórmulas para evitar que se mantengan este tipo de actuaciones que generan mayor sufrimiento a las víctimas al ver que los asesinos y los terroristas son ensalzados y homenajeados por las atrocidades cometidas.

Con esta modificación, los poderes públicos asumen la tarea de "poner fin a esta práctica, habilitándoles para adoptar todas las medidas que hagan efectiva la prohibición de que en lugares públicos exista cualquier tipo de mención, en la forma que sea, que ensalce o, incluso, justifique la actuación de los elementos terroristas".

En nombre del PSOE, Miguel Buen, dijo que esta ley va dirigida contra "todos los terroristas y todos los terrorismos" de cuyas acciones "abominamos". De igual modo se pronunció el portavoz del PP, Alfonso Alonso, quien hizo una defensa cerrada de la norma, que satisface una reclamación histórica ya de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

También el portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, insistió en la necesidad de presentar un frente común contra el terrorismo y dijo apoyar la modificación porque "es una iniciativa justa", a la vez que pidó a las víctimas que repeten la legitimidad de la actuación de los políticos en materia de lucha contra el terrorismo.