Así lo demandó en un manifiesto publicado con motivo de la conmemoración, este lunes, del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas y en el que abogó por un sistema que “apueste” por el abordaje terapéutico y comunitario de sus problemáticas “de base” así como la implementación de la justicia restaurativa en el ámbito penal, al entender que la prisión “no es la solución para reducir la delincuencia en colectivos en situación de exclusión social”.

“Para ello es necesario la inversión en políticas sociales de salud mental, educación, vivienda, empleo y apoyo a las familias con menos recursos”, sentenció, al tiempo que llamó a “dignificar” la vida de estas personas que “viven una mayor vulnerabilidad”, al igual que las mujeres víctimas de violencia de género, las personas mayores, las personas en situación de exclusión social y pobreza.

En paralelo, solicitó políticas “específicas” dirigidas a apoyar a las mujeres con adicciones que han sufrido violencia física, psicológica y sexual y a las personas mayores con adicciones e hizo hincapié en la necesidad de eliminar los estigmas que “recaen” sobre las personas con adicciones y sus familias y que, según su punto de vista, “se agravan aún más” en el caso de las mujeres y de las personas mayores, “llegando a vivir situaciones de doble o incluso triple estigmatización”.

“Estas acciones generan exclusión y desigualdad y afectan de manera directa a la salud y el bienestar de las personas impidiendo que, en muchos casos, busquen ayuda y apoyo”, advirtió, para pedir a la sociedad que muestre “empatía, comprensión y solidaridad” y reivindicar que se “promueva” la educación, la formación profesional y la sensibilización para “cambiar las percepciones, los gestos y las actitudes negativas”, convencida de que los enfoques basados en la reducción de daños y la rehabilitación “han demostrado mejores resultados a largo plazo”.

LA PREVENCIÓN, UNA PRIORIDAD

A su vez, exigió que la prevención sea tratada como “una prioridad” y defendió la necesidad de implementar programas integrales que se “centren” en “informar, educar y promover estilos de vida saludables desde edades tempranas”. “Creemos en la importancia de fomentar entornos de apoyo, donde las personas puedan tomar decisiones informadas y acceder a recursos para prevenir las adicciones”, apostilló, para reivindicar la asignación de recursos “adecuados”, la capacitación a equipos profesionales de la salud y la sensibilización a la comunidad sobre “la importancia de la prevención y detección precoz”.

“Estas acciones contribuyen a reducir el impacto negativo de las adicciones en la sociedad, evitando daños a la salud, problemas sociales y costes asociados”, abundó, para instar a las administraciones a invertir en recursos “adecuados” y a trabajar en colaboración con la sociedad civil para ofrecer servicios “inclusivos y accesibles”.

En este sentido, también demandó “compromiso y responsabilidad política y social” para “reforzar” la red de atención a las adicciones y dotarla de una financiación “estable y duradera” que le permita dar respuesta, “con la máxima calidad, a todas las personas, sin que nadie quede atrás” y para desarrollar políticas públicas dirigidas a cubrir las “necesidades reales” de las personas con adicciones “para que dejen de ser las grandes olvidadas”.

La red, que cada año atiende a casi 40.000 personas, también resaltó la importancia de abordar esta problemática desde una perspectiva “integral, biopsicosocial, comunitaria, con perspectiva de género” y a partir del trabajo en red y las “alianzas” para ayudar a estas personas a dejar de ser “rechazadas, apartadas y olvidadas” y continuar “defendiendo sus derechos, eliminando estigmas y promoviendo de manera activa la prevención”.