Así lo manifestó en un comunicado emitido coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se celebra cada 26 de junio con el objetivo de “reforzar la acción y la cooperación por una sociedad libre de drogas”.

En este sentido, tiene en marcha la campaña #CambiaElGesto para “defender y avanzar” en los derechos de las personas con drogodependencias y otras adicciones y “eliminar estigmas” y cuyo objetivo es también “provocar un cambio social, de paradigma, de miradas y de gestos” para “evitar situaciones de discriminación” que, a su entender, “aíslan e invisibilizan aún más a estas personas e incluso les impiden acceder a tratamientos”.

En paralelo, reclamó la necesidad de “avanzar y garantizar” los derechos de las personas con drogodependencias y otras adicciones “para que dejen de ser rechazadas y apartadas y puedan vivir con la dignidad que se merecen” y subrayó que son “casi 40.000” las personas con adicciones que atiende cada año en toda España.

Por lo que respecta a la “criminalización” de las personas con problemas de drogodependencias, “especialmente” de aquellas que se encuentran en una situación de “mayor vulnerabilidad social y terminan encarceladas”, exigió la puesta en marcha en España de un sistema “real” de alternativas a la prisión.

ALTERNATIVA A PRISIÓN

Un sistema que sea “moderno” y esté “a la altura de los países europeos” y que “apueste” por el abordaje terapéutico y comunitario de sus problemáticas de base.

En paralelo, demandó la implementación de la justicia restaurativa en el ámbito penal y advirtió de que la prisión “no es la solución para reducir la delincuencia en colectivos en situación de exclusión social”. “Para ello es necesario la inversión en políticas sociales de salud mental, educación, vivienda, empleo y apoyo a las familias con menos recursos”, sentenció.

Entre las peticiones de la red, que ha recogido en un manifiesto y ha remitido a los principales partidos políticos e instituciones del país, está también la urgencia de desarrollar políticas “específicas” dirigidas a “apoyar” a las mujeres con adicciones que han sufrido violencia física, psicológica y sexual y a las personas mayores con adicciones.

Junto a ello, hizo un “llamamiento concreto” a la sociedad para “eliminar” los “estigmas” que, a su entender, “recaen” sobre estas personas y sus familias y “dejar de lado” las situaciones de “exclusión y desigualdad” que “afectan de manera directa” a su salud y bienestar, al entender que, “en muchos casos, les impiden buscar ayuda o apoyo para poder dejar atrás su problemática de consumo”.

Asimismo, sugirió la creación de programas “integrales” que se “centren” en “informar, educar y promover estilos de vida saludables desde edades tempranas” y abogó por fomentar entornos de apoyo, donde las personas “puedan tomar decisiones informadas y acceder a recursos para prevenir las adicciones”.