En declaraciones a Servimedia, la usuaria, Alba Quinteiro, relató que cuando pidió el servicio, en el barrio madrileño de Vicálvaro, y el conductor se lo aceptó le explicó que era ciega, a lo que le respondió que no había ningún problema y que la avisaría al llegar al punto de origen.

Sin embargo, cuando el conductor llegó y le llamó, y ella le explicó que era usuaria de perro guía, éste adujo que no tenía cinturón de seguridad para perros, a lo que Quinteiro le respondió que no era necesario y que los perros guía viajan tendidos en el suelo, a los pies del usuario.

El conductor respondió entonces que la empresa le impedía transportar perros en su vehículo, tras lo que Quinteiro le explicó que era un perro guía y que sí pueden viajar en transportes públicos y privados, pero él siguió negándose para acabar colgándole y, posteriormente, cancelándole el servicio, según relató la usuaria.

“Le pedí entonces el número de empleado, el nombre, la matrícula, algo que le identificara, para poder reclamar pero me colgó el teléfono”, explicó Quinteiro, quien añadió que, posteriormente, “posiblemente al ver que iba a pagar en efectivo y que no me iba a poder cobrar el servicio, aunque no lo realizara me canceló”.

En este sentido, y al intentar reclamar a la empresa, la usuaria aseguró que ésta no le quiso dar ninguna información “por protección de datos”, y la remitió a la aplicación o a su correo electrónico, donde Quinteiro afirmó “no encontrar nada de información sobre el conductor”.

Por este motivo, señaló en declaraciones a Servimedia que, si finalmente consigue los datos del conductor interpondrá una denuncia contra él y, en caso de no recibirlos, directamente lo hará contra la empresa en la Policía Municipal de Madrid.

En el caso de que finalmente interpusiera la denuncia y esta llegara a prosperar, el conductor y la empresa habrían cometido una infracción tipificada como “muy grave” en el artículo 21.3 de la ‘Ley 2/2015, de 10 de marzo, de Acceso al Entorno de Personas con Discapacidad que Precisan el Acompañamiento de Perros de Asistencia’ de la Comunidad de Madrid, según cuyo artículo 22 podrían exponerse a una sanción económica que oscilaría entre los 2.000,01 euros y los 10.000.

“¿Hasta cuando vamos a permitir esto? ¿Por qué cada vez que quiero coger un taxi con Aira tengo que avisar de que llevo un perro guía?”, se preguntaba Quinteiro en la publicación de ‘Facebook’ donde lo denunció y en la que recordó haber sido víctima, acompañada de otras dos personas (una de ellas usuaria de perra guía) de una situación similar sufrida en un taxi en Santiago de Compostela años atrás.

Por su parte, desde Bolt lamentaron lo ocurrido, aseguraron ser conscientes de que “esta situación es un incumplimiento de la normativa nacional” y afirmaron estar investigando internamente “con todas las partes implicadas con el objetivo de esclarecer lo sucedido y tomar las medidas necesarias”. Al mismo tiempo se comprometieron a “compartir todas las respuestas requeridas para evitar que se repitan situaciones similares” una vez se esclarezca lo sucedido.