Así lo precisó la Federación de Consumidores y Usuarios en un comunicado en el que explicó que esas demandas se basan en las conclusiones de un nuevo informe publicado por el Norwegian Consumer Council y en que, en los últimos meses, se ha observado “una explosión de servicios impulsados por la Inteligencia Artificial Generativa”.

“La Inteligencia Artificial Generativa plantea serias preocupaciones para los derechos y la seguridad de las personas consumidoras”, abundó, CECU, para señalar que el uso de esta tecnología “crea riesgos” relacionados, entre otros ámbitos, con “la privacidad, la manipulación, la integridad personal, las estafas o la desinformación”.

En paralelo, consideró que, además, resultan “muy exigentes en términos de recursos”, lo que, a su entender, “tiene graves repercusiones para el clima y el medio ambiente”.

A este respecto, el director de Política Digital del Norwegian Consumer Council, Find Myrstad, urgió a “asegurarnos" de que el desarrollo y uso de la IA generativa sea "seguro, confiable y justo”. “Desafortunadamente, la historia ha demostrado que no podemos confiar en que las grandes empresas tecnológicas solucionen esto por sí mismas”, espetó.

LA TECNOLOGÍA NO ES INCONTROLABLE

A su vez, advirtió de que la tecnología “no es una fuerza incontrolable, sino que debe adaptar y respetar los derechos fundamentales, los marcos legislativos existentes y los valores sociales” y de que “muchos de los desafíos que enfrentamos pueden abordarse utilizando las normas que ya tenemos”.

En la misma línea, la directora general adjunta de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), Ursula Pachl, juzgó “crucial” que la UE haga que el Reglamento de IA “sea lo más herméticamente posible en términos de proteger a los consumidores de los usos nocivos de esta tecnología” y llamó a sus instituciones a que “resistan el poderoso lobby de las grandes empresas tecnológicas" que, según su punto de vista, "buscan diluir las protecciones del futuro Reglamento”.

“Mientras el Reglamento de IA de la UE no sea aplicable, las autoridades deben investigar allí donde los nuevos productos y servicios generados por IA puedan estar perjudicando a los consumidores y exigir el cumplimiento de las normas sobre protección de datos, seguridad y protección del consumidor”, agregó, convencida de que las compañías “no pueden ser inmunes a las regulaciones" existentes en la UE, ni los consumidores "deberían estar sometidos a manipulación o engaños, por el simple hecho de que esta tecnología sea nueva”.

Por su parte, el director de CECU, David Sánchez, subrayó que la confederación ha “visto y apoyado” la decisión de la Agencia Española de Protección de Datos de “investigar” a OpenAI, si bien puntualizó que los “riesgos” de la IA generativa “no refieren solo a los datos personales y no podemos esperar al Reglamento”. “Es necesario que todas las autoridades competentes tomen cartas en este asunto y por eso nos unimos a este llamamiento del movimiento de consumidores europeo y estadounidense”, sentenció.

En paralelo, estimó que España debe "liderar" durante el semestre de presidencia del Consejo Europeo la regulación sobre Inteligencia Artificial y "dar ejemplo en la aplicación de la normativa ya existente que es aplicable a la IA generativa”.

Para ello, según las asociaciones, las autoridades competentes deben contar con los recursos y la competencia necesarias para “poder seguir el desarrollo tecnológico y exigir el cumplimiento de las normas”.

En este sentido, el informe urge a “fortalecer” la protección a los consumidores para que esta tecnología “pueda ser segura, confiable y justa, y para que no se puedan experimentar con ellas para desarrollar estos sistemas”.

Junto a ello, urge al establecimiento de una estrategia general de IA que tenga en cuenta los desarrollos recientes, se “centre” en los derechos fundamentales y “ofrezca pautas estrictas para el uso de la IA generativa en el sector público” así como a dictar nuevas normas “allí donde sea necesario, haciéndolas resistentes a los cambios del futuro”.