La plataforma fue constituida el pasado mes de enero y cuanta con más de 6.000 asociados de los que entre un 10% y un 15% son extranjeros. Según las estimaciones de esta organización, unas 500.000 personas se podrían ver afectadas por la situación.

En rueda de prensa, el abogado y portavoz de la Plataforma, José Ortega, explicó que la ley establece que las playas y las costas son públicas y cuando se aprueba un deslinde (fijación de la línea que separa los terrenos públicos de los privados), los dueños de viviendas y terrenos que pasan a dominio público perderán su propiedad.

Aunque la norma apenas ofrecía compensaciones, el Tribunal Constitucional reconoció para los antiguos propietarios el derecho a permanecer en sus viviendas como concesionarios durante un total de 60 años.

El abogado de la Plataforma señaló que la Dirección General de Costas "no otorga a nadie" la concesión, por lo que los afectados se encuentran "en un limbos jurídico y no saben qué va a pasar con sus viviendas", y que en algunos casos existe la posibilidad del derribo.

Ortega criticó en concreto la actitud del director general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, José Fernandez, y su equipo, a quienes acusó de creerse "una especie de iluminados, que tienen una misión en el mundo", la de "limpiar" las costas de construcciones.

Según el abogado, Fernández le declaró a él mismo en un encuentro hace unos meses que, si se veía obligado a dar las concesiones, las rescataría al día siguiente respaldándose en algunos artículos de la ley.

El portavoz de la plataforma aseguró que en los últimos años "se está radicalizando mucho" la actuación de la Dirección General de Costas, donde dice se ha creado "un búnker de pensamiento radical".

Desde la organización se quiere dejar claro que no están en contra de ningún partido, que es "una lucha de la sociedad contra el Estado".

CARÁCTER RETROACTIVO

Por otra parte, Ortega indicó que la ley se está aplicandocon carácter retroactivo, aunque esto sólo se realiza cuando se trata de edificios o terrenos de particulares, no de la administración pública.

En este sentido, el letrado indicó que hay muchos ejemplos que demuestran que no se cumple el principio de igualdad ante la ley.

Así, por ejemplo citó el caso de un edificio particular en Alicante construido en los años sesenta, el bloque Arenales del Sol, que se encuentra en una zona declarada de dominio público y cuyo derribo planea la Administración.

Por contra, con un edificio oficial, el Planetario de Castellón en la playa del Pinar, levantado sobre terrenos con las mismas características, la organización denuncia que "la administración no hace nada".

La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas expuso numerosos ejemplos de "abusos" en la aplicación de la normativa. Además, criticaron la forma en que se informa de la aprobación de las deslindes, sólo a través del Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Pedimos una notificación razonable, porque quién se lee el Boletín, y menos los extranjeros", afirmó uno de los afectados, Jan Stuyvesant, presente en la rueda de prensa.

La plataforma tiene previsto cerrar una reunión con el Defensor del Pueblo, y ha solicitado entrevistas al presidente del Parlamento Europeo, de quien esperan una contestación para poder exponerles una situación que creen que puede afectar a la llegada de turistas extranjeros a España por la "incertidumbre" que genera la situación.

Sobre el Gobierno español, explican que de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, no han recibido respuesta, y apuntan que si el presidente José Luis Rodríguez Zapatero "es un hombre de bien" debería escucharles.