Segú explicó a Servimedia el abogado que ejerce la acusación particular, Ricardo de la Rosa, la denuncia fue presentada por diez jóvenes cuando, el 15 de junio de 1997, los guardias de seguridad de la Sala Birdland les echaron a la calle a la fuerza, para lo que alegaron que dos chicos del grupo se habían besado.

La acusación considera que esta actuación es constitutiva de un delito de denegación discriminatoria de una prestación mercantil, pero el juez de instrucción de Sabadell y la Audiencia Provincialde Barcelona estimaron que la discriminación no fue tan importante como para aplicar ese delito, tipificado en el Código Penal.

Asimismo, el abogado de los denunciantes señala que con la expulsión de los jóvenes se cometieron dos faltas de coacciones y vejaciones, por las que solicita que se imponga al gerente de la discoteca, responsable de la expulsión, una multa por valor de 200.000 pesetas.

De la Rosa anunció que volverá a solicitar al juez que se incluya en el proceso el delito de discriminaión, castigado por el Código Penal con la inhabilitación de entre uno y cuatro años para la profesión en la que se haya cometido el delito.

La expulsión de los homosexuales provocó también una sanción administrativa para el local, que el día en que ocurrieron los hechos negó a los afectados la entrega del libro de reclamaciones. Esto se trasladó a la Oficina de Información al Consumidor de Sabadell, que procedió a multar a la discoteca.

La asociación Jóvenes para la Liberación de Lesbianas y Gais(JALG), de Sabadell, informó de que éste es el primer juicio que se celebra en España por la expulsión de homosexuales de una discoteca.

Los hechos provocaron en su día manifestaciones y protestas en la localidad barcelonesa, pero los responsables del local, según JALG, indicaron que estos hechos respondían a la política del establecimiento y que no tenían intención de cambiar de actitud.