La pareja, según informó el diario chileno "La Segunda", hizo así realidad su compromiso, tras negarles las autoridades competentes su demanda, alegando la discapacidad de los contrayentes.

La funcionaria se basó, entre otras normativas, en el artículo 5 de la Ley 19.947 la cual establece que "no podrán contraer matrimonio los que se hallaren privados del uso de razón; los que por un trastorno o anomalía psíquica fehacientemente diagnosticada, sean incapaces de modo absoluto para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio; Y los que carecieren de suficiente juicio o discernimiento para comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio".

Ante este rechazo, los novios presentaron una denuncia por discriminación ante un juzgado civil de Santiago de Chile, en la que alegaron que Marcelino, que convivía con su pareja, trabaja, manteniéndose ambos con sus ingresos. Además, la defensa manifestó que "la apariencia o forma conductual retraída o nerviosa no justifica juicios asociados a presunción grave de impedimento, toda vez que el impedimento legal vigente es la demencia".

Recordó la defensa de los reclamantes que la demencia, como tal, "importa una patología específica, la que no debe confundirse con la discapacidad mental o intelectual, que guarda relación con otra naturaleza de disfunciones relativas al desarrollo intelectual anormal o retardo específicos".