Por esta causa, los edificios públicos no están obligados a facilitar el acceso a las personas con minusvalías. Según afirmó el abogado de la mujer, Amable Concha, en los dos años transcurridos desde la aprobación de la ley se han seguido construyendo edificios para uso administrativo sin contemplar el acceso para personas con minusvalías.

El letrado criticó al Gobierno regional por haberse comprometido en el momento de aprobar la ley a laborar planes anuales con consignación presupuestaria para eliminar progresivamente dichas barreras, y sin embargo no haber establecido hasta ahora las cantidades a aplicar en los diferentes proyectos arquitectónicos.

María Isabel García recordó que esta carencia no sólo perjudica a los minusválidos, sino también a ancianos o personas con limitaciones físicas de carácter temporal, "ya que impiden su acceso a edificios públicos o emblemáticos de Asturias, como la Junta General del Principado o los ayutamientos de Oviedo y Gijón".

La mujer parapléjica presentó el recurso a título individual, con el fin de acelerar su tramitación, aunque contó con el respaldo de la organización nacionalista Andecha Astur.