Según el articulado, que se encuentra en fase de enmiendas parciales, las personas usuarias de servicios y centros sociales tienen derecho a acceder a los mismos sin discriminación por razón de nacimiento, sexo, rza o religión, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Asimismo, tienen derecho "a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes"; a no ser obligados a declarar sobre su ideología, religión o creencias; al secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial, y a la consideración en el trato.

Los beneficiarios de servicios sociales tienen derecho también al secreto profesionalde los datos de su expediente personal, de su historia sanitaria y social; a mantener relaciones interpersonales, incluido el derecho a recibir visitas, y a una asistencia individualizada acorde con sus necesidades específicas, entre otros derechos.

Por otro lado, las personas usuarias de los servicios y centros de servicios sociales estarán obligadas a cumplir las normas generales de utilización del servicio o centro, previamente aprobadas por la Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social.

demás, deberán "observar una conducta basada en el mutuo respeto, tolerancia y colaboración, encaminada a facilitar una mejor convivencia", así como abonar las cuotas que reglamentariamente se establezcan.