La miembro de la cúpula de Batasuna dijo haber acudido al juicio con la convicción de que la sentencia será condenatoria, por lo que prefirió renunciar a su defensa al entender que la decisión del tribunal no va a depender "ni de las preguntas que hagan los abogados" ni de las respuestas que den los acusados.

Díez de Heredia aseguró llevar "muchos años" denunciando el papel de la Audiencia Nacional y señaló que la única función del tribunal en este juicio es dar "cobertura legal a una decisión politica", la de "la ilegalización de los movimientos sociales vascos", adoptada por el Gobierno "después de renunciar a la tregua" de ETA.

Por estas razones, considera que lo único que les queda a ella y a los demás acusados en esta causa es "el derecho a la pataleta".

Ante estas afirmaciones, el fiscal encargado del caso, Carlos Bautista, quiso dejar claro que su labor no es defender ni representar al Gobierno porque no es "abogado del Estado".

Díez de Heredia está acusada junto a otros 26 dirigentes de Gestoras Pro Amnistía de un delito de integración en organización terrorista en el juicio que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional inició hoy contra el aparato de apoyo a los presos de ETA.

Además de este proceso, en el que la Fiscalía pide para ella diez años de prisión, Díez de Heredia fue detenida en octubre de 2007 como miembro de la Mesa Nacional de Batasuna en una operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien ordenó su ingreso en prisión provisional.

Tras señalar que no iba a contestar a las preguntas del fiscal Bautista, y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Díez de Heredia explicó, en respuesta a su letrada, que lleva "desde adolescente" participando en el movimiento pro amnistía y que ingresó en él tras la detención de tres de sus hermanos.

Dentro de las organizaciones Gestoras Pro Amnistía y de Askatasuna, y antes de ingresar en la ilegalizada Batasuna, Díez de Heredia hizo "de todo", desde organizar "los comités de barrio y las manifestaciones" hasta convertirse en "la imagen más pública" de las formaciones y realizar labores de prensa.

CASTIGO DEL PSOE

En la misma línea discurrió la declaración del siguiente acusado, el Josu Mirena Beaumont, responsable de Gestoras Pro Amnistía en Navarra, quien, además de realizar un discurso plagado de referencias políticas, también decidió renunciar a ejercer defensa alguna durante este juicio.

Beaumont aseguró que la historia del País Vasco "esta plagada de violencia" y que su objetivo dentro del aparato de apoyo a los presos de ETA era "luchar por acabar con el sufrimiento de los dos lados, pero acusó al Estado de "haber apostado por mantener el conflicto y así lo demostró ilegalizando el movimiento pro amnistía".

"Sabemos que la condena está hecha y hemos venido aquí a dar testimonio de esta violencia de Estado, que es con la que queremos acabar", concluyó el acusado.

En el mismo sentido se expresó el responsable de Bases Democráticas de Gestoras Pro Amnistía, Joseba Gotzon Amaro, quien aseguró que su "castigo ya lo tienen firmado los del PSOE", tras lo cual renunció también a su defensa.

Lo mismo hicieron los acusados Alejandro Velasco, responsable de Gestoras en Navarra; José María Olabarrieta (responsable del departamento de Huídos); Jorge Chocarro (grupo Fuera de Aquí); Joseba Iñaki Reta (Presos Vascos a Euskal Herria), y Mitxel Sarasqueta (Ex Presos).

Con ellos, han sido 16 los acusados que han prestado declaración durante la mañana de esta primera jornada de juicio, por lo que parece probable que el resto de procesados, un total de 11, lo hagan durante la tarde. En ese caso, el tribunal se vería obligado a suspender la sesión de mañana y la vista se reanudaría el próximo lunes con la comparecencia de los primeros testigos.