Tras la entrevist con los funcionarios uruguayos, Erkizia manifestó que la autorización por parte del Gobierno de Uruguay para extraditar a los presuntos etarras responde a "un chantaje económico del Estado español que está ejerciendo contra la soberanía de Uruguay" y agregó que "se está dando un mercadeo de derechos humanos a cambio de partidas económicas".

Respecto a las movilizaciones realizadas por uruguayos en contra de la extradición, Erkizia señaló que demuestran que "la opinión pública de Uruguay no está en ese caso con el Ejecutivo, está con los refugiados políticos vascos".

Erkizia manifestó su sorpresa por estas movilizaciones, "ciertamente inauditas", y expresó su agrado por este "respaldo mayoritario".

El parlamentario vasco advirtió que con la entrega de estos presuntos etarras, "flaco servicio se hace a la paz", que a su juicio sólo puede llegar "como consecuencia de medidas políticas y un camino de diálogo".

Respecto a las supuestas amenazas recibidas por el embajador de Uruguay en Españaen relación a la extradicón de los dos presuntos etarras, Gorka Martínez señaló que los delegados de la embajada no les han confirmado este punto y agregó que "no tienen ningún sentido".

A su juicio, en caso de que el diplomático uruguayo hubiese sido amenazado, el objetivo de tal acción sería "desviar la atención de los auténticos responsables". Erkizia achacó las posibles amenazas al Ministerio del Interior y reiteró "el objetivo político" de las mismas.

Por otra parte, fuentes judiciales españlas explicaron que una vez que el avión que transporte a los presuntos etarras tome tierra en España, un funcionario judicial de la Audiencia Nacional les leerá los autos de prisión dictados contra ellos, así como las causas por las que están procesados en nuestro país.

Asimismo, serán reconocidos por el médico forense de la Audiencia Nacional, que determinará si su estado de salud permite su ingreso en prisión o si por el contrario deben permanecer internados en el hospital penitenciario hasta que serecuperen. Posteriormente, los jueces que siguen las causas contra los presuntos etarras les citarán a declarar.