La concesión de la autopista a la compañía AUMAR, que debía finlizar en 1998, fue prorrogada hace unos años hasta el 2006 y mientras, se ha proyectado rondas de circuvalación en las poblaciones más imporantes, como Castellón, Gandía, Benissa o Altea, cuya ejecución no se ha cumplido.

La coordinadora cívica, que cuenta con el apoyo de Esquerra Unida y está integrada por asociaciones de todo tipo, considera que la solución más económica y que comporta menor impacto ambiental, es liberalizar la autopista de peaje en sus 350 kilómetros de recorrido por tierras valencanas.

Para ello, la Administración debería rescatar la concesión e indemnizar a la empresa por los 14 años que le quedan de explotación, pero el coste de esta operación sería siempre inferior a la construcción de nuevas vías de circunvalación paralelas a la propia autopista.

La coordiandora argumenta que el peaje en la A-7 es "disuasorio" y que los elevados precios, superiores en un 50 por ciento a los que se pagan en la autopista de Sevilla a Cádiz, gestionada por la misma empresa, hacen que el ndice de ocupación de esta autopista sea de un 25 por ciento. Esta vía tiene una media diaria de 12.000 vehículos, cuando la capacidad máxima es de 45.000.

El diputado autonómico de Esquerra Unida Pasqual Mollá, manifestó hoy que la Administración siempre ha puesto de excusa a esta idea, el elevado coste económico que comportaría la recuperación de la concesión, aurgumento que, en su opinión, carece de validez.

"Estamos convencidos de que nunca será tan caro recuperar la concesión como hacer todauna serie de nuevas rondas de circunvalación en las poblaciones afectadas", dijo Mollá.

Las carreteras nacionales 340 y 332 que recorren el litoral valenciano de norte a sur soportan un tráfico muy intenso, especialmente en los meses de verano, cuando las retenciones en las travesías de las poblaciones son mayores.

En el caso de Castellón, la principal ciudad afectada tras la solución que ha supuesto para Valencia la inauguración del "by-pass", las autoridades municipales llevan dos años reclamano una variante. Más recientemente se ha intentado negociar el desvío del tráfico pesado por la A-7, aunque por el momento no hay resultados.

Los miembros de la coordinadora cívica "A-7 sense peatge" consideran que las inversiones públicas en los últimos años se han dirigido fundamentalmente a Sevilla y Barcelona y se han desantendido las necesidades urgentes de la Comunidad Valenciana.