En una carta remitida a la Comisión Europea, el foro propone una actualización de la directiva comunitaria que obligue por ley a las compañías con más de 250 empleados a publicar informaciones detalladas y estandarizadas sobre sus políticas sociales, ambientales y de gobierno corporativo. En la actualidad sólo facilitan estos datos cuando consideran que ello afecta a su salud financiera.

Además, la misiva aboga por la aprobación de una declaración de Principios de Inversión (SIP, por sus siglas en inglés), en la Comisión o en el Parlamento. Su objetivo es obligar a losinversores institucionales a informar sobre cómo las políticas de responsabilidad social de las empresas influyen en sus decisiones de compra y holding accionarial.

Según Eurosif, "ello contribuirá a crear un círculo virtuoso de sostenibilidad, donde el mercado premie las acciones de aquellas compañías que integren principios de RSC en su estrategia de negocios y, a su vez, las empresas apuesten por estas políticas a fin de atraer inversiones".

Asimismo, anuncia la puesta en marcha de acciones de lobby para impulsar la transparencia asociada a los derechos de voto. También solicitará a la Comisión que aquellos agentes con inversiones a largo plazo puedan mantener sus derechos de voto sobre los títulos prestados a terceros, y demandará nuevas regulaciones para que las agencias de gestión de voto y demás instituciones de custodia hagan públicas las posiciones adoptadas por sus clientes, así como su propia composiciónaccionarial.