A través de un escrito dirigido a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la asociación Dignidad y Justicia recuerda que el juez Baltasar Garzón, en un auto dictado en abril de 2002, ordenó la entrada y registro en la "herriko taberna" de Lazkao por su "estrecha vinculación con las actividades de ETA" y, posteriormente, decretó su embargo, una medida que ha sido prorrogada hasta la fecha.

En el citado auto, Garzón destacaba que las "herriko tabernas" son una "estructura logística" que alcanza "la actividad armada desarrollada y controlada por ETA", en concreto para las labores de captación de nuevos miembros, el depósito de armas y explosivos, la elaboración de artefactos y la recopilación de información sobre futuros objetivos de acciones terroristas.

En virtud de esta resolución judicial, Dignidad y Justicia concluye que la "herriko taberna" de Lazkao "no debió haber mantenido actividad de ninguna clase, dado su estado de embargo y administración judicial, y en función del auto de suspensión de actividades de Batasuna y más si se tiene en cuenta la acreditada conexión con actividades de propaganda de la organización ilegal y terrorista ETA", señala Dignidad y Justicia.

Como documentación adicional, la asociación aporta varios artículos periodísticos que revelan que la taberna "seguía manteniendo su actividad de colaboración con ETA" y operando "como enseña emblemática" del entorno terrorista a pesar del embargo judicial.

Dignidad y Justicia denuncia la vulneración de las órdenes de Garzón por parte de la "herriko taberna" en "una abierta desobediencia a las mismas", lo que ha provocado una por parte de los gerentes de la mentada Herriko Taberna "alarma social".

Por lo tanto, pide a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que "implemente las medidas oportunas" para que la "herriko taberna" de Lazkao "no continúe abriendo sus puertas al público ni desarrolle actividad alguna" y deje de ser "un instrumento de la organización terrorista ETA-Batasuna".