El secretario de Economía de los socialistas, Jordi Sevilla, inició así la ofensiva política que el PSOE anunció hace unos días para lograr la anulación de dicho concurso, por entender, dijo, "que existe un clamor popular para que el Gobierno haga algo".

Sevilla recordó que el Gobierno ha renunciado a ingresos muy importantes para las arcas públicas, con su decisión de entregar las cuatro licencias a otras tantas empresas a cambio de un total de 86.000 milones de pesetas y muchoscompromisos de inversión.

Sin embargo, el dirigente socialista dijo que las recientes declaraciones de las tres primeras empresas de móviles en España, Telefónica Móviles, Airtel y Amena, amenazando con recurrir el concurso si se alteran las condiciones y advirtiendo que puede haber retrasos en el UMTS, "dejan bien claro la debilidad y la desnudez del Gobierno para exigirles nada".

"En el concurso", añadió, "los precios son libres, y no hay ninguna garantía de que los precios en España vayan a se muy distintos de los de otros países con procedimientos de adjudicación diferentes y billonarios".

"Ningún Gobierno", añadió, "puede pretender saber mejor que las porpias empresas lo que les conviene a esas empresas; y si éstas han concursado en Reino Unido y Alemania pagando cifras billonarias, pensando que tendrán rentabilidad, nadie mejor que ellas para saberlo".

Sevilla dijo que la propuesta del PSOE de anular el concurso al amparo del artículo 103 de la Ley de procedimiento Administrativo centa con precedentes, aunque no de la magnitud del que se está planteando ahora.

Según explicó, desde el PSOE se prefiere creer por ahora que todo este asunto es consecuencia de un "grave error de precipitación, por el afán del Gobierno de ser el primero en Europa", pero agregó que si el Ejecutivo Aznar mantiene su actitud "tendremos que empezar a dudar de sus verdaderas intenciones".

El dirigente socialista dijo que, por ahora, preferimos intentar una rectificación del Gobierno, aunque reconocióque el primer partido de la oposición no ha prejuzgado adoptar otro tipo de iniciativas legales, al margen del campo político y parlamentario.