El Ministerio Público pide para Camps una pena de un año de prisión, seis de inhabilitación y una multa de 250.000 euros por tráfico de influencias en concurso ideal con prevaricación. En sus conclusiones, el letrado asegura que no hay “ninguna prueba” que avale que el acusado diera órdenes para que la Administración valenciana contratara el pabellón de Fitur con la empresa que dirigía Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, como división valenciana de la ‘trama Gürtel’.

Según el abogado de Camps, la Fiscalía ha puesto en marcha “una campaña inmisericorde de persecución” contra su defendido. Por su parte, el Ministerio Público cree que Camps fue el "paciente cero" que comenzó a trabajar con las empresas de la 'Gürtel', dando instrucciones a la Administración para que las contratara.

Descartó que hubiera un interés crematístico en Camps cuando invitó a Pérez a trasladar su residencia a Valencia y argumentó que a los valencianos les “sale del alma invitar a los que no viven en Valencia porque allí se vive bien”.

“No hay instrucción, no hay orden, no hay influencia, no hay inducción… No hay nada", afirmó el letrado antes de asegurar que Camps “es un tipo honesto” y de ironizar con la idea de que hubiera una “inducción telepática” para ordenar la contratación de Orange Market.

Francisco Camps hizo uso de su derecho al turno de última palabra en el que quiso “agradecer esta oportunidad. Dar las gracias a sus señorías y a los funcionarios de esta casa, que han hecho un trabajo extraordinario. Como ciudadano, quedo a disposición de ustedes”.

La Fiscalía, que solicitaba inicialmente dos años de cárcel para el expresidente, modificó su petición de pena en la recta final del juicio. En este juicio, que ha durado nueve meses, se sentaban en el banquillo otros 25 acusados, entre ellos tres exconsejeros: Alicia de Miguel, Luis Rosado y Miguel Cervera; y una decena de técnicos de la Administración.

Según Anticorrupción, Camps propicio el desembarcó de 'Gürtel' en la Comunidad Valenciana y tuvo una estrecha relación de amistad y confianza con Álvaro Pérez. A su juicio, el expresidente dio órdenes a sus subordinados para que concediese el contrato para el montaje del estand en Fitur 2009 a Orange Market.