En la inauguración de unas jornadas de UGT sobre Acción Sindical y Negociación Colectiva, Méndez afirmó que el decreto por el que el Ejecutivo ampara la devolución al sindicato de los bienes expropiados es "justo, transparente y necesario", pero su cuantía, 151 millones de euros, no es la correcta.

Las quejas del secretario general se centran en que, para calcular la cuantía, el Gobierno toma el valor de los inmuebles en 1986, año en el que se aprueba la ley de devolución del patrimonio sindical, y se le aplican unos intereses por el atraso en su pago.

Sin embargo, UGT defiende que el Estado debería pagar el valor actual de este patrimonio, que sería mucho mayor que hace 19 años. "Esta diferencia es muy notable en contra de la UGT", denunció Méndez, ya que en este periodo el encarecimiento de la vivienda y de los inmuebles ha sido "absolutamente espectacular".

Asimismo, el dirigente sindical afirmó que "esta devolución tardía debe ser acogida con alegría por cualquier demócrata que se precie".

Comisiones Obreras ha pedido la derogación de este decreto que ampara la devolución del patrimonio histórico a UGT, por considerar que constituye "una subvención encubierta".