Esta factoría fue comprada en 1987 por los hermanos Orefici, a los que el sindicato también acusa de apropiación indebida y desviación de los fondos públicos aportados entonces por el Estado.

La querella, que fue presentada el pasado viernes ante l registro de la Audiencia Provincial de Málaga, fue hecha pública hoy por el secretario general de UGT en la provincia, Francisco Valenzuela.

Según las investigaciones realizadas por la central, los hermanos Giovanni y Paolo Orefici recibieron de la Dirección General de Patrimonio un total de 5.896 millones de pesetas, que el Estado aportó con el objetivo de potenciar la estructura productiva de la factoría.

Sin embargo, a juicio de Francisco Valenzuela, ese capital fue utilizado por los entonce dueños de Intelhorce para capitalizar otras empresas de su propiedad, "destruyendo el patrimonio de General Textil España".

Esta falta de control sobre el dinero público es la base documental de la querella presentada por UGT, que asegura que Patrimonio del Estado actuó de forma "negligente" en el control del proceso de privatización, cuyo resultado de gestión entre 1987 y 1992 se saldó con la reducción del 50% de la plantilla.

En esta querella se asegura también que la empresa pública Improasa,propietaria de la mayor parte del accionariado de Intelhorce, procedió de forma fraudulenta en la presentación judicial de suspensión de pagos, situación en la que actualmente se encuentra la factoría.