La organización sindical remitió hoy una carta al ministro en la que considera que su decisión "atenta contra el cumplimiento de la tarea que, por mandato constitucional, tiene encomendada Instituciones Penitenciarias: procurar la reeducación y la reinserción social de los condenados".

A juicio de UGT, los centros penitenciarios no deben convertirse en una "herramienta policial", y han de mantener su vinculación co el estamento judicial, "como garantía de defensa de los derechos inviolables de los internos".

En un comunicado de prensa, el sindicato señala que "es una grave equivocación encuadrar a los trabajadores penitenciarios en el Ministerio de Interior o decretar un estatuto especial que los aleje del servicio público encomendado".