Las rentas mínimas de insercón (RMI), más conocidas como salario social, existen en España desde el año 1989 y son una medida para paliar en parte las desigualdades sociales, asignando un salario a aquellas personas con ingresos mínimos, sin trabajo y sin prestación por desempleo. Actualmente se benefician de ellas unas 20.000 personas en toda España.

Sin embargo, la creación del salario social no se hizo desde un ámbito estatal, sino que cada comunidad autónoma ha ido creando su normativa específica, por lo que cada una tiene uos criterios de asignación y una cuantía distinta.

Las comunidades que están a la cabeza tanto en la cuantía de la prestación como en la cantidad de beneficiarios son Euskadi, Madrid, Cataluña y Valencia.

Inés Ayala destacó que la puesta en marcha del salario social "depende de la voluntad política de cada gobierno autónomo" y afirmó que no es casualidad que las comunidades de Cantabria y Baleares (con gobiernos del PP) sean las últimas en número de beneficiarios. "El PP no tiene una voluntad poltica de igualdad social, el salario social es un logro de la socialdemocracia", dijo la dirigente ugetista.

La situación se agrava aún más en el caso de Ceuta y Melilla, ya que al no tener gobierno autónomo tampoco tienen ninguna ley que contemple el salario social.

Inés Ayala también subrayó la importancia que tienen los sindicatos en la participación en las comisiones de seguimiento de las RMI. "El salario social se instauró en España después de haber sido uno de los puntos reivindicativos de l huelga general del 14 de diciembre de 1988", aseguró.

Maru Menéndez, responsable del Departamento Confederal de Servicios Sociales de la UGT, que también compareció en la rueda de prensa, reiteró la demanda de la creación de la ley marco y añadió la necesidad de que se cree un programa de inserción y lucha contra la pobreza y "que no nos limitemos a la concesión de subsidios".

Además, Menéndez hizo un llamamiento para que se promocionen estas ayudas de una forma eficaz, acercándose la Administraión a los necesitados, ya que éstos no suelen tener acceso a los medios de comunicación, y para que se reduzca la burocratización, "puesto que muchos de ellos puede que no tengan ni carné de identidad y esto les puede hacer que se queden sin la ayuda".

La dirigente sindical también manifestó que es necesario eliminar otros requisitos, como los dos años de empadronamiento, la nacionalidad española o datos sobre el modo de vida. "Todo esto sería posible con una ley marco a nivel estatal", añadió.

Iés Ayala apeló por su parte a las solidaridad de los trabajadores con los parados y señaló que para aumentar las prestaciones sociales es necesario reformar la fiscalidad, siguiendo como ejemplo el modelo francés, en el que "el presupuesto del salario social sale de los impuestos a grandes fortunas".