Barea, que presentó ayer un estudio del BBV sobre "Pensiones y prestaciones por desemleo", defendió que las pensiones se revaloricen tomando como referencia un IPC específico para los pensionistas, que se jusficaría por los menores gastos en vivienda, transportes, alimentos y otros productos que, a su juicio, soporta este colectivo.

UGT, que cree que esta propuesta "se descalifica por sí misma", pide a Barea que estudie las estadísticas oficiales e, incluso, "estudios realizados por instituciones tan poco sospechosas como el BCH", que, según el sindicato, muestran que la proporción dehogares cuyo sustentador principal es una persona mayor de 65 años ha pasado del 20,36% en 1981 al 25,05% en 1991, porcentaje que indica que habrá aumentado en la actualidad.

Además, según UGT, si se analiza la distribución del gasto por hogar, no hay diferencias entre mayores de 65 años y el resto, salvo en el gasto en transporte y en esparcimiento y cultura. UGT indica que ambos componentes suponen el 11% del gasto total de los hogares de mayores de 65 años y el 18,3% en el conjunto de hogares.

A juicio del sindicato que lidera Cándido Méndez, el estudio del grupo de expertos presentado por el BBV responde a los intereses de sectores económicos "que tienen como objetivo captar la enorme masa de dinero, 11 billones de pesetas, que maneja nuestro sistema de Seguridad Social".

UGT insiste en que la polémica sobre el futuro de las pensiones debería haberse zanjado con el 'Pacto de Toledo', que es "la expresión de la voluntad de los ciudadanos, a través de sus representantes políticos, de mantene nuestro sistema tal como hoy lo conocemos: público, basado en el principio de solidaridad entre rentas, generaciones y territorios, y financiado mediante el sistema de reparto".