Asimismo, un portavoz de la Federación de Químicas de UGT manifestó a Servimedia que pedirán explicaciones al Ministerio de Industria en relación con las manifestaciones de directivos de Dupont, que consideró contrarias a la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Gutiérrez emplazó al Gobierno para que responda a Dupont, dejando claro que en España es punible la discriminación por estar afiliado a un indicato y congelando las subvenciones a la multinacional, que rondan los 30.000 millones entre las concedidas por la Administración central y la regional.

A su juicio, "es inadmisible que alguien venga a aprovecharse de los recursos públicos para bursarles de la Constitución, las leyes y los derechos más elementales. Es una de esas barbaridades que no se puede tolerar".

Por su parte, UGT recalcó la inconstitucionalidad de la política de personal de Dupont y señaló que la ley española concede a ls sindicatos "una privilegiada posición a efectos tanto de participación institucional como de acción sindical".

"Mal comienzo para una multinacional que no tiene la intención de respetar las leyes de un país, pero sí acepta los 30.000 millones en subvenciones donados por el Gobierno Central y la Junta del Principado, dinero que por otra parte procede de todos los contribuyentes españoles", indicaron.