En un comunicado de prensa, UGT señaló que esa decisión "responde a la obsesión del Gobierno de reducir el déficit público a través de la amortización de puestos de trabajo, sin aplicar una política de empleo racional que incremente la calidad de los servicios públicos que se prestan al ciudadano".

El sindicato resaltó que esta medidaresulta especialmente injustificada en el ámbito de las comunidades autónomas y ayuntamientos, ya que "supone un importante obstáculo para atender las nuevas responsabilidades que provoca el proceso de transferencias, y que acarrea la necesidad real de incrementar el número de empleados públicos para atender las nuevas competencias".