Por su parte, la Federación del Campo (Fecampo) de CCOO señaló que en esta negociación defenderá el mantenimiento de la obligatoriedad de la cotización para todos los trabajadores eventuales dados de alta, con independencia del tiempo que trabajen, según fuentes de este sindicato.

En referencia a las sugerencias vertidas en las últimas semanas de eliminar la cantidad mínma de peonadas como requisito a acceder al pago de desempleo por el PER, Juan Aguilar señaló que en realidad se trata de "una serpiente de verano".

Agregó que los sindicatos estarían dispuestos a reducir el número de peonadas que ahora se exige (40), si los estudios que se están realizando sobre el trabajo agrícola en Andalucía y Extremadura demuestran que este requisito es excesivo.

Asimismo, Juan Aguilar se mostró de acuerdo sobre las declaraciones efectuadas por el secretario general de Empleo Manuel Pimentel, de que los ayuntamientos no tendrán capacidad de contratación en el PER, y de que esta competencia seguirá en manos del Inem.

DESEMPLEO CONTRIBUTIVO

El secretario general de la FTT confió, no obstante, en que será posible alcanzar un acuerdo con el Gobierno sobre el PER antes de que acabe el mes de septiembre, pero siempre que se mejore el actual sistema. Para él, el principal caballo de batalla en la negociación será el reconocimiento del derecho al desempleo contributivo y la equparación al régimen general de la Seguridad Social.

Además, este derecho se extendería a todos los trabajadores agrarios del país, y no solo a los de Andalucía y Extremadura, los únicos ahora beneficiados por el PER. Según sus cálculos, las cotizaciones de trabajadores y empresarios arrojarían unos ingresos anuales del Estado de 30.000 millones de pesetas, saldo que sería suficiente para que el sistema de prestación contributiva registrara superávit en 1997 y fuera equilibrado en 1998.

A partir d 1999, los costes del sistema no superarían los 45.000 millones de pesetas. El déficit sería perfectamente asumible por el Estado, según UGT, puesto que sería similar en proporción a la aportación que la Administración hace a la Seguridad Social.

Por su parte, Fecampo-CCOO se mostró partidaria de que la base de cotización que se aplique durante los períodos de actividad laboral sea el salario real, y de que los tipos de cotización sean los mismos que los del régimen general.

Según CCOO, la cotizaión por enfermedad común y accidente no laboral se debería incluir en la actual cotización por contingencias comunes.

ELIMINACION DE PEONADAS

En cuanto a las hipotética eliminación del sistema de peonadas, el representante de UGT, Juan Aguilar, analizó las medidas que se podrían tomar. Adelantó que el sindicato se pondría "radicalmente en contra" de la depuración del censo agrario, que supondría la expulsión de miles de trabajadores del sistema de protección social.

También manifestó su oposicin a la vuelta del sistema del empleo comunitario, que era el vigente hasta que se estableció el PER en 1984. Según Aguilar, este sistema "denigrante" "devolvería el poder clientelar a los alcaldes".

En cuanto al establecimiento de otro requisito para acceder a los subsidios, como podría ser la exigencia de que el trabajador se diera de alta en la Seguridad Social y que estuvieran al corriente en el pago de sus cotizaciones, el líder sindical explicó que esta medida se tendría que extender al conjunto e los trabajadores agrarios del país, y no sólo a los de Extremadura y Andalucía, lo que agravaría notablemente los costes del sistema.