"Hay que saber quien es el responsable del accidente laboral y en este sentido la policía judicial juega un papel importantísimo", explicó José Ricardo Martínez, secretario general de UGT-Madrid.

Martínez aseguró que da la sensación de que se empieza a aceptar socialmente que se produzcan accidentes laborales y éstos se toman como un hecho puramente estadístico y frío, como una cifra más de la Comunidad.

Asimismo, Martínez explicó que la precariedad laboral, la esclavitud en algunos sectores como el de la construcción, la subcontratación, la falta de formación y el abuso sobredeterminados colectivos, como pueden ser los inmigrantes, dan lugar a los accidentes laborales. "La causa primera y fundamental es el incumplimiento de la ley por una parte de un sector del empresariado madrileño", denunció.

Por su parte, Méndez aseguró que hay que mejorar la coordinación y la actuación de los poderes públicos en la lucha contra la siniestralidad laboral. "Cuando sucede un accidente laboral interviene la policia judicial que identifica las causas y objetiva todo lo que afecta a ese suceso, pero es una herramienta que puede ser perfeccionada", aseguró.

Asimismo, anunció que harán indicaciones claras para que, en la elaboración de los informes que se lleven a cabo en los casos graves de siniestralidad laboral, "se extreme la calidad de esos documentos para que el juez pueda establecer la responsabilidad" que se pueda derivar de estos casos.

"Haremos un esfuerzo en materia de formación en los cuadros policiales dedicados a este trabajo y también realizaremos jornadas conjuntas", añadió Méndez.

El delegado del Gobierno aseguró que "la decisión correcta, en el ámbito de Madrid, será crear un fiscal coordinador de estos temas, que colabore con la fiscalía especial (creada por la Fiscalía General del Estado) y que contribuya a un mayor grado de especialización".

El secretario general de UGT-Madrid quiso hacer hincapié en la necesidad de que se publiquen las listas de los empresarios que incumplen la ley. "No sé cuáles son las razones del Gobierno central a la hora de no publicar las listas". Insistió además en que "no hay razones, ni siquiera éticas, ya que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué empresas incumplen la ley".