El Gobierno aprobó el pasado mes de noviembre de forma definitiva un decreto-ley mediante el cual se van a entregar 151 millones de euros a la UGT como devolución por la incautación del patrimonio histórico de la central.

Con esta suma, el sindicato podrá sanear sus cuentas y cancelar la deuda pendiente con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por la crisis de la cooperativa de viviendas PSV, que asciende a 144,6 millones de euros.

Para el secretario general de UGT, Cándido Méndez, la devolución de este patrimonio es "un acto de estricta justicia que viene con un retraso, ya que debería haberse resuelto hace 20 años".

"Nos dan estrictamente lo que nos corresponde, aquello a lo que tenemos derecho", afirmó.

Además de la exposición, el sindicato UGT va a realizar una serie de asambleas por toda España en las que se abordará, entre otros temas, la cuestión de la devolución del patrimonio.