Según anunció UGT, la decisión de la fiscalía de León de investigar la situación de todas las residencias de ancianos de la provincia confirma la conclusión de un informe realizado por el Consejo Económico y Social.

En dicho estudio se afirma que no existe un servicio de inspección para los asilos y denuncia la falta de regulación y control.

Por su parte, María Luia Puente, directora general del Ministerio de Asuntos Sociales, aclaró que las residencias del INSERSO están perfectamente reguladas y que son el resto las que carecen de normativa específica y de un servicio de inspección.

En última instancia, añadió la directora del INSERSO, la calidad de la atención depende del libre criterio de quienes rigen las residencias.

Finalmente, el sindicato señaló que este hecho se agrava considerablemente con la necesidad de 6.500 plazas para los ancianos de esta counidad autónoma.