Por su parte, los representantesde los pensionistas de CCOO tomarán la decisión el próximo día 22, en la reunión de su Ejecutiva Federal, porque, a su juicio, el texto del acuerdo tiene elementos positivos y negativos. No obstante, la delegación que acudió hoy al Ministerio mostró una "predisposición bastante favorable" a la firma.

José Antonio Griñán, ministro de Trabajo, calificó el acuerdo como "buena medida" porque garantiza el poder adquisitivo de siete millones de pensionistas hasta el final de la legislatura y añadió que es u "hito más en el camino hacia el diálogo social", puesto que es el tercer acuerdo que se firma en esta semana con los sindicatos.

Este compromiso supone que la Administración aplicará cada año la inflación prevista. Si el IPC real en noviembre supera esa cifra, los pensionistas recibirán un único pago con la cuantía equivalente a la diferencia, y ese importe quedará incorporado a total de la pensión para la revalorización del próximo año.

Abelardo Martín, secretario general de la Federación de Pesionistas de CCOO, calificó esta parte del acuerdo como "positivo", pero indicó que no se contempla ninguna medida para mejorar el 72 por ciento de pensiones inferiores al Salario Minimo Interprofesional, o para las pensiones de viudedad, orfandad e invalidez permantente, como reclama el sindicato.

No obstante, reconoció que quedan abiertas vías de diálogo para tratar estos temas. El Ministerio de Trabajo ha ofrecido a los sindicatos una reunión bimensual para tratar estos temas en la Secretaría Generl de la Seguridad Social.

MARGEN DE 2,5 PUNTOS

Por otro lado, José Antonio Griñan se refirió a la sustitución de las cotizaciones sociales por otros impuestos y advirtió que no es posible una reducción superior a 2,5 puntos. Según sus cálculos, este es el límite para que la Seguridad Social pueda hacerse cargo de las prestaciones contributivas (pensiones de jubilación, viudedad, etcétera) con las aportaciones de trabajadores y empresarios.

En cambio, a su juicio las prestaciones asistenciales (anidad) pueden y deben correr a cargo de los Presupuestos del Estado. Si la reducción fuera mayor a esos 2,5 puntos, lo que pagan trabajadores y empresarios no sería suficiente para pagar las pensiones, y habría que plantearse otro modelo de Seguridad Social.

Griñán dijo que si finalmente las cotizaciones sociales bajan un punto, como todo parece indicar, el Estado tendrá que compensar por otra vía 200.000 millones menos de ingresos. El ministro dijo ser partidario de que la reducción sea compensada pr los propios Presupuestos en generales y no se asocien a un determinado impuesto.

"No soy partidario de impuestos finalistas", dijo Griñán. A su juicio, el incremento de la presión fiscal en determinados impuestos debe ser capaz de financiar la redistribución del gasto fiscal.