Mariano Hoya, que intervino en una asamblea de delegados en Castellón, junto a los líderes de UGT y UGT FICA en la Comunidad Valenciana, incidió en la necesidad de que este mecanismo, que se concibió como una prolongación de los ‘ERTE covid’ que “tanto éxito tuvieron” a nivel mundial durante la pandemia para sostener los millones de empleos y miles de empresas amenazadas por el cierre, pueda ser utilizado en sectores como el de la cerámica o el del automóvil, fuertemente afectados por la electrificación y robotización de la industria.

"Desde UGT FICA exigimos que se aplique este mecanismo RED a todos los sectores que puedan estar afectados por factores como el coste de la energía, y no solo al Corte Inglés y a las agencias de viaje, sino también a los sectores industriales que necesiten proteger sus plantillas en momentos puntuales como el actual", reclamó Hoya.

En este contexto, se refirió al sector de la cerámica, muy afectado por el alto coste energético, y muy localizado en la Comunidad Valenciana, en la que da empleo a más de 15.000 trabajadores, y al del automóvil, "buque insignia de nuestra industria" inmerso en un proceso de transformación hacia el vehículo eléctrico que está afectando a empresas emblemáticas como Ford en Almussafes y a su industria de componentes.

Mariano Hoya avisó que se trata de un problema que se va a trasladar a todas las plantas del sector en el país "de forma secuencial, y no en todas al mismo tiempo", con una incidencia muy importante en la industria auxiliar, ya que el coche eléctrico requiere de menos componentes que el convencional.

Y todo esto, a su juicio, en un contexto de “dura competencia” con países como Marruecos, Turquía y sobre todo China. Por tanto, exigió que, en la próxima reunión de la mesa del mecanismo RED solicitada por UGT, salga una resolución que contemple su aplicación también en el sector del automóvil.

Por otro lado, Hoya se refirió también al sector agroalimentario, que tiene una gran incidencia en la Comunidad Valenciana, y expresó su confianza en que, próximamente, el ministerio de Agricultura cumpla los compromisos adquiridos con los sindicatos para analizar y dar solución a las necesidades de los 750.000 trabajadores agrarias por cuenta ajena del país.