Para UGT, "los argumentos utilizados (por Sevilla) en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, con motivo de la presentación del Estatuto Básico, son ofensivos para los empleados públicos y no responde a la realidad de los hechos".

"Ofende a los empleados públicos porque coloca la sombra de la sospecha sobre su profesionalidad en el desempeño de las tareas propias y el compromiso inequívoco con su condición de servidores a la ciudadanía", señaló el sindicato.

El Estatuto del Empleado Público "debe ser inexcusablemente consensuado con los sindicatos de la función pública. Es un compromiso previo que había adquirido el ministro y que oculta en su intervención en el Congreso", indicó UGT.