Según informó UGT, sus demandas son fijar una indemnización plenamente resarcitoria del daño causado; eliminar o elevar los topes de compensación; fomentar la reincorporación; incluir Salarios de Tramitación y asegurar una tramitación judicial más rápida.

El CEDS ha hecho público este lunes su fallo sobre la regulación española de las indemnizaciones por despido improcedente. El organismo dependiente del Consejo de Europa, en respuesta a la reclamación presentada por UGT, ha concluido que estas indemnizaciones no son disuasorias ni reparatorias.

De esta manera, el CDS da la razón a UGT y condena a España por no cumplir con la obligación de dar una compensación adecuada por despido injustificado. El organismo señala que la legislación española viola el Artículo 24 de la Carta Social Europea (CSE), que garantiza el derecho de los trabajadores a una protección adecuada en caso de despido.