El sindicato propone a las empresas y mutuas la firma de un acuerdo de actuación posterior a la agresión en el que consideren los atracos como accidentes de trabajo y en el que se incluya un procedimiento para el seguimiento de los trabajadores con baja por esta causa.

Asimismo, el tratamiento de estos sucesos como riesgo laboral supondría la realización de actividades de prevención en las empresas de los tres sectores y la adopción de "todas las medidas que sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 160.000 trabajadores de estas empresas".